XII - Ciertos puntos especiales de reforma que pedimos

Todo lo que se ha dicho de los oficios de la Iglesia, de la potestad particular de los oficiales, también de su potestad conjunta, y por último del patrimonio de la Iglesia, lo entendemos como la verdadera reforma que Dios pide de nuestras manos: que la Iglesia sea ordenada conforme a ello, como el orden más conforme a la Palabra.

Pero como convendría tocar algo en particular acerca del estado del país, y de lo que principalmente procuramos que se reforme en él, lo hemos recogido en estos puntos siguientes.

Puesto que todo el país está dividido en provincias, y estas provincias a su vez están divididas en parroquias, tanto en el campo como en las ciudades, en cada parroquia y congregación razonable debería colocarse uno o más pastores para apacentar el rebaño, y ningún pastor o ministro debería ser cargado jamás con el cargo particular de más iglesias o rebaños que uno solamente.

Y como se tendrá por difícil hallar pastores o ministros para todas las iglesias parroquiales del reino, tanto en el campo como en las ciudades, pensamos que, por consejo de aquellos a quienes la Iglesia y el príncipe den comisión, las parroquias del campo o de aldeas pequeñas pueden juntarse de dos en dos, o de tres, o más, en algunos lugares; y que las iglesias principales y más cómodas se mantengan en pie y se reparen suficientemente, y se coloquen en ellas ministros idóneos; y que las otras iglesias que no se hallen necesarias puedan dejarse decaer, conservándose siempre sus cementerios como lugares de sepultura; y en algunos lugares, donde la necesidad lo requiera, una parroquia cuya congregación sea demasiado grande para una iglesia puede dividirse en dos o más.

Deberían designarse doctores en las universidades, colegios y otros lugares necesarios, y proveérseles suficientemente, para exponer el sentido de las Escrituras, y tener el cargo de las escuelas, y enseñar los rudimentos de la religión.

En cuanto a los ancianos, debería haber algunos que fuesen censores de las costumbres del pueblo, uno o más en cada congregación, pero no una asamblea de ancianos en cada iglesia particular, sino solo en las ciudades y lugares principales, donde pueda haber concurrencia de hombres de juicio y capacidad para ese efecto; donde los ancianos de las iglesias particulares de alrededor puedan reunirse y tener entre ellos un consistorio común y lugar de asamblea, para tratar de todas las cosas que conciernen a las congregaciones de que tienen la supervisión.

Y así como debe haber hombres designados para unir y dividir las parroquias según lo requieran la necesidad y la conveniencia, así debería la Iglesia general, con el asentimiento del príncipe, designar hombres que teman a Dios y conozcan el estado de las regiones, que fueran capaces de nombrar y señalar los lugares donde deban reunirse los consistorios particulares, tomando en consideración las diócesis como estaban divididas antiguamente, y el estado de las regiones y provincias del reino.

Asimismo, en cuanto a las asambleas provinciales y sinodales, sería fácil considerar cuántas y en qué lugares habían de celebrarse, y con qué frecuencia debían reunirse; ello debe remitirse a la libertad de la Iglesia general y al orden que se designe en ello.

Las asambleas nacionales de este país, llamadas comúnmente las Asambleas Generales, deben conservarse siempre en su propia libertad y tener su propio lugar.

Con potestad a la Iglesia para señalar tiempos y lugares convenientes para ellas, y que todos los hombres, tanto magistrados como inferiores, estén sujetos al juicio de las mismas en causas eclesiásticas, sin reclamación ni apelación a ningún juez, civil o eclesiástico, dentro del reino.

La libertad de la elección de las personas llamadas a las funciones eclesiásticas, observada sin interrupción mientras la Iglesia no fue corrompida por el Anticristo, deseamos que sea restituida y conservada dentro de este reino.

De modo que nadie sea intruso en ninguna congregación, ni por el príncipe ni por ninguna persona inferior, sin elección legítima y el asentimiento del pueblo sobre el cual se coloca a la persona, como lo pide la práctica de la Iglesia apostólica y primitiva, y el buen orden.

Y como este orden, que la palabra de Dios pide, no puede subsistir con los patronatos y la presentación a beneficios usados en la iglesia del papa, deseamos que todos los que verdaderamente temen a Dios consideren con seriedad que, por cuanto los nombres de patronatos y beneficios, junto con su efecto, han procedido solo del papa y de la corrupción del derecho canónico, en cuanto por ellos alguna persona era intrusa o colocada sobre iglesias que tenían Curam animarum.

Y por cuanto esa manera de proceder no tiene fundamento en la palabra de Dios, sino que es contraria a ella y a la dicha libertad de elección, no deben tener lugar ahora en esta luz de la Reforma. Y por tanto, todo el que quiera abrazar la palabra de Dios y desee que el reino de su Hijo Cristo Jesús sea promovido, abrazará y recibirá también aquel gobierno y orden que la palabra de Dios y el recto estado de su Iglesia piden; de otro modo, en vano la han profesado.

No obstante, en cuanto a otros patronatos de beneficios que no tienen curam animarum, como dicen, tales como son las capellanías, las prebendas fundadas sobre tierras temporales, las rentas anuales y cosas semejantes, pueden reservarse a los antiguos patronos, para que dispongan de ellos, cuando vaquen, en favor de estudiantes y becarios, como lo requiere una ley del Parlamento.

En cuanto a las rentas de la Iglesia en general, deseamos que se admita y mantenga entre nosotros aquel orden que pueda subsistir con la sinceridad de la palabra de Dios y la práctica de la pureza de la Iglesia de Cristo.

A saber, que, como antes se dijo, toda la renta y patrimonio de la Iglesia, exceptuando los pequeños patronatos antes mencionados, se divida en cuatro porciones: una de ellas se asigne al pastor para su sustento y hospitalidad; otra a los ancianos, diáconos y otros oficiales de la Iglesia, como los secretarios de las asambleas, los que dirigen el canto de los salmos, los bedeles y guardas de la iglesia, en cuanto sea necesario, uniendo también con ellos a los doctores y las escuelas, para ayudar a las antiguas fundaciones donde la necesidad lo requiera; la tercera porción se emplee en los miembros pobres de los fieles y en los hospitales; la cuarta, en la reparación de las iglesias y otros gastos extraordinarios que sean provechosos para la Iglesia, y también para la república, si fuere necesario.

Deseamos, por tanto, que los bienes eclesiásticos se recauden y se distribuyan fielmente a quienes pertenecen, y ello por el ministerio de los diáconos, a cuyo oficio pertenece propiamente la colecta y distribución de ellos, para que los pobres reciban su porción de ellos, y los del ministerio vivan sin cuidado ni solicitud; y también para que el resto del tesoro de la Iglesia pueda reservarse y emplearse en sus justos usos.

Si estos diáconos son elegidos con las cualidades que la palabra de Dios pide que haya en ellos, no hay que temer que se conduzcan mal en su oficio, como hizo antes el colector profano.

Pero como esta vocación parece a muchos peligrosa, obligúeseles, como antiguamente, a rendir cuenta anual a los pastores y al consistorio; y si la Iglesia y el príncipe lo juzgan conveniente, que se obliguen fiadores por su fidelidad, para que las rentas de la Iglesia no sean dilapidadas de ninguna manera.

Y para que este orden tenga efecto, se ha de proveer que todos los demás que administran las rentas de la Iglesia, colectores generales o especiales, sea por designación del príncipe o de otro modo, sean despojados de toda ulterior administración de ellas, y consientan que en los tiempos venideros las rentas de la Iglesia sean administradas enteramente por el ministerio de los diáconos, y distribuidas para el uso antes mencionado.

Y también, para que las rentas eclesiásticas basten para estos usos a que han de destinarse, pensamos que es necesario pedir que todas las enajenaciones, concesiones a feudo o arrendamientos de las rentas de la Iglesia, tanto tierras como diezmos, en daño y disminución de los antiguos censos, sean revocadas y anuladas, y el patrimonio de la Iglesia restituido a su antigua libertad.

Y asimismo, que en los tiempos venideros los diezmos no se arrienden a nadie sino a los labradores de la tierra, o bien no se arrienden en absoluto, como fue acordado y suscrito antes por la nobleza.